Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas torturas, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes, son problemas sociales en México que han continuado bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en diciembre de 2018.
La impunidad sigue siendo la norma. El presidente López Obrador creó la Guardia Nacional, compuesta en gran parte por p yersonal militar, y ordenó su despliegue para controlar la inmigración irregular. Las leyes promulgadas en 2017 podrían ayudar a abordar los problemas de tortura y desapariciones, pero su implementación está rezagada.
Se nombró a un defensor de los derechos humanos para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y se le encargó coordinar la búsqueda nacional de personas desaparecidas.
Los abusos contra migrantes, los ataques a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos y las limitaciones para acceder a los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo motivo de grave preocupación.
Tabla de Contenidos
Sistema de justicia
El sistema de justicia penal habitualmente no brinda justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos, a pesar de una ley de 2013 destinada a garantizarles justicia, protección y reparación. En un informe de 2018, el relator especial sobre defensores de derechos humanos declaró que alrededor del 98 por ciento de los problemas sociales en México por delitos seguían sin resolverse.
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Las causas del fracaso incluyen corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y funcionarios abusivos.
Derechos de las mujeres y las niñas
Las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, incluidas las que supeditan la severidad de las penas por algunos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contradicen las normas internacionales.
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La Corte Suprema dictaminó que las víctimas de violación no necesitan presentar una denuncia penal para acceder a los servicios de aborto, y que los proveedores de salud no tienen que verificar que se haya cometido un delito para realizar el aborto.
En octubre de 2019 entró en vigor la despenalización del aborto en el sureño estado de Oaxaca. Para septiembre, los legisladores locales legalizaron el aborto sin importar la causa hasta la semana 12 de embarazo, convirtiéndose en el segundo estado del país en adoptar dicha legislación, junto con la Ciudad de México.
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Desapariciones Forzadas
Desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad han sido uno de problemas sociales en México. Las organizaciones criminales también han sido responsables de muchas desapariciones.
Los fiscales y la policía habitualmente se niegan a tomar las medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de las desapariciones forzadas, a menudo diciéndoles a las familias de las personas desaparecidas que investiguen por su cuenta. Para septiembre de 2019, la unidad especializada en secuestros de la oficina informó tener solo una investigación abierta sobre desapariciones cometidas por agentes no estatales.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó su preocupación por la impunidad “alarmante” en los casos de desapariciones, incluidos en los que presuntamente se coludió el crimen organizado y las autoridades.
A raíz de las demandas de las familias, el gobierno anunció la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense para identificar cuerpos.
Ejecuciones extrajudiciales
El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por los informes de ejecuciones extrajudiciales y la frecuente impunidad en estos casos.
En septiembre de 2019, ocho civiles fueron presuntamente víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía estatal en Tamaulipas, en el norte de México.
Uno de los problemas sociales en México es que no hay información fidedigna sobre el número de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los homicidios nunca son procesados. Las autoridades gubernamentales solo registran el número de homicidios, no su contexto.
Ataques a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Los periodistas, en particular los que informan sobre delitos o critican a los funcionarios, a menudo se enfrentan al hostigamiento y los ataques tanto de las autoridades gubernamentales como de los grupos delictivos.
El alto comisionado de las Naciones Unidas describió la situación de los defensores de los derechos humanos y los periodistas como “alarmante”. La CNDH reportó 148 periodistas asesinados entre 2000 y 2018, y 21 desaparecidos entre 2005 y 2018. De enero a julio de 2019, siete periodistas fueron asesinados.
Las autoridades habitualmente no investigan adecuadamente los crímenes contra periodistas, a menudo descartando de forma preventiva su profesión como motivo.
Entre 2010 y diciembre de 2018, la Fiscalía presentó 186 denuncias por delitos contra periodistas, solo el 16,3% del total de denuncias recibidas. Durante el mismo período, obtuvo 10 condenas. Ante tal violencia no investigada, muchos periodistas se autocensuran.
Los defensores de los derechos humanos en México a menudo son objeto de intimidación, criminalización y violencia, otro de los grandes problemas sociales en México.
Migrantes y Solicitantes de Asilo
Los migrantes que viajan por México sufren con frecuencia abusos y violaciones de derechos humanos. En algunos casos, se alega que las autoridades gubernamentales han estado involucradas.
Más de 40,000 solicitantes de asilo habían sido devueltos, muchos a condiciones peligrosas e inhabitables en México, con barreras significativas para obtener representación legal y una audiencia justa.
En junio, el gobierno de los Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos a menos que México aceptara un aumento significativo en el retorno de solicitantes de asilo a México para esperar los procedimientos judiciales en los EE. UU. y detuviera a los migrantes en ruta hacia la frontera con los EE. UU.
Los centros de detención de migrantes administrados por el gobierno estaban superpoblados, y los migrantes detenidos experimentaban condiciones inhumanas, que incluían:
- Calor extremo
- Infestaciones de insectos,
- Falta de acceso a higiene básica,
- Servicios médicos limitados y alimentos de mala calidad,
Dando así mas problemas sociales en México.
